CONTROL POLÍTICO
Situación actual de la Rama Judicial (Jueces, fiscales y empleados), con relación a la aplicabilidad de la Ley 4ª de 1992, frente a la nivelación salarial.
En un debate de control político ejercido por la Cámara de Representantes, la ministra de Justicia, Dra. RuthStella Correa Palacio, defendió la propuesta de nivelación salarial que le hizo el gobierno a los trabajadores de la rama judicial.
Intervención del Representante Jaime Buenahora:
«El problema es estructural, pero yo sí llamo a la cordura al representante de Asonal Judicial y le agradezco me preste la mayor atención, hay un justo reclamo pero en el arte de negociar, uno si bien utiliza los extremos veinte años la propuesta inicial del Gobierno, dentro de veinte años mucha gente habrá muerto de ese mismo poder judicial y se ha bajado a quince años y ya estamos en seis años; qué bueno ceder dentro de la viabilidad y el realismo y eso mismo le solicito a usted como vocero de Asonal Judicial, es gravísimo lo que puede pasar en relación con las tutelas que mencionó el doctor Bocanegra y con muchas cosas, gravísimo y créame una cosa de corazón, también del otro lado existe la posibilidad de que saturen la opinión público y nosotros queriéndolos ganadores de pronto los veamos como perdedores, la opinión pública es definitiva, es el arma más poderosa frente a una huelga y un paro, como persuadir.
De manera que ya estamos cerca, ustedes reclaman cinco años de acomodamiento, la Ministra ofreció seis, ustedes están en los cálculos presupuestales y financieros, ojalá pronto y ojalá esto termine; pero como he dicho el problema es absolutamente estructural Ministra y realmente este país se desangra todos los días con lo que deja de ganar, créame que si la minería se manejara mejor tendría el doble de las ganancias que Ecopetrol señaló ayer o antier que fueron once billones de pesos, es muy serio esto y ojala le transmita este mensaje y estas reflexiones al Gobierno, así como usted a sus representados. Esta Comisión sirve de mediadora en el sentido de que plantea reflexiones serias sobre el modelo económico de este país.»
Evaluar los programas referentes a cada cargo en materia de desarrollo, infraestructura y programas alternativos para la legitimación del Estado.
En un debate de control político ejercido por la Cámara de Representantes, fueron citados el Alto Consejero para las regiones y la participación ciudadana, Dr. Alejandro Char Chaljub, y el Director General de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, Dr. Álvaro Balcázar Vanegas.
Intervención del Representante Jaime Buenahora:
«la carencia del estado social de derecho es generalizada, y más, o más allá del análisis entre los desequilibrios entre Regiones, o entre capitales y Municipios, o entre Municipios, y Veredas y Corregimientos, el problema en Colombia para poder consolidar territorialmente el Estado es un problema de estructuras, y en eso fallan las políticas públicas de los gobiernos anteriores».
Política Criminal del Estado
En un debate de control político ejercido por la Cámara de Representantes, fue citada la Ministra de Justicia, Dra. Ruth Stella Correa Palacio, para responder a las inquietudes en materia de política criminal.
Según la Corte constitucional (Sentencia C-646 de 2001)la Política Criminal del Estado es: «Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito (cita suprimida).
También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social.
Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica.»
Intervención del Representante Jaime Buenahora:
«En este país hemos sido muy desafortunados, porque en lugar de tener una política coherente y consistente legislamos de manera reactiva, coyuntural y son muchos los ejemplos que podría traer a colación, pero me bastan dos; hace un año aproximadamente en esta Comisión hubo un álgido debate en torno al referendo que pretendía sacarse adelante para promover la cadena perpetua alrededor de los violadores de menores y desde luego cuando uno se queda en el niño violado, uno quiere el mayor castigo para ese infractor; pero desde el punto de vista empírico, sociológico esa tesis no tenía ningún sustento real, de cierta forma esa fórmula encaja dentro de lo que podríamos llamar el «Populismo Punitivo» y la eficacia de una medida de esas no hubiera dejado de ser más que simbólica, hemos visto aumentar penas frente a muchos delitos y repito, la eficacia no es más que simbólica, porque en uno de los delitos más graves como es el homicidio hay que decirlo, así aumentemos las penas, cuando uno reciba las estadísticas de los últimos diez años la impunidad en Colombia llega al 96%, increíble y si uno revisa la evolución de las penas en materia de homicidio desde 1936 a la fecha, encontrará cómo cada vez más ha habido un mayor aumento, pero también mayor el porcentaje en impunidad y el otro caso reciente que conocimos fue el de la cárcel con x número de años para el conductor ebrio.
En mi concepto modesto y humilde, la Corte Constitucional sigue mirando las leyes penales como leyes ordinarias, yo no creo que esto deba ser así, porque cualquier ley penal en la medida en que establezca una sanción que implique pérdida de la libertad entendida como un derecho fundamental diría yo, repito en mi modesta opinión, que mucho mejor, más conveniente sería que en lugar de entender las leyes penales como simples leyes ordinarias, en la medida en que se está afectando el derecho fundamental de la libertad pues deberían tomarse como Leyes Estatutarias, se evita la volatilidad, se evita jugar al populismo punitivo etc.».
Control Político, situación sistema de Salud
En un debate de control político ejercido por la Cámara de Representantes, fue citado el Ministro de Salud y Protección Social, Dr. Alejandro Gaviria, para responder a las inquietudes sensibles para todos los colombianos.
Intervención del Representante Jaime Buenahora:
«…hubiéramos querido mucho por ejemplo que el Gobierno en lugar de nombrar un tecnócrata maravilloso desde el punto de vista general, abstracto de las cifras y las estadísticas, gran economista, el doctor Alejandro Gaviria, en el Ministerio de Salud, hubiera puesto una persona con verdadero sentido social, con una visión humanitaria en los temas sociales no necesitamos tecnócratas, ni economistas que manejen las cifras desde el punto de vista global; ojalá algún día sea Ministro de Hacienda pero en términos de salud, educación y vivienda se necesita otra visión mucho más cercana a la ciudadana, al ciudadano colombiano.».
Irregularidades en el Programa de Desayunos Infantiles con Amor-Día y Adulto Mayor Juan Luis Londoño, complemento nutricional y un almuerzo diario, respectivamente para los niños, adultos mayores en extrema pobreza y estrato 1 del país
En un debate de control político ejercido por la Cámara de Representantes, fue citado el Dr. Diego Molano Aponte, Director General del Instituto colombiano de Bienestar Familiar
Se logra la intervención de la Procuraduría General de la Nación, ya que Colombia vivió y quizá ahora vive en una menor escala un problema de carácter social en el cual estaban involucrados niños y adultos mayores por lo que es función de la Procuraduría hacer los requerimientos, las llamadas de atención al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a otras entidades que tienen que ver con los programas de alimentación escolar, con los programas de restaurantes escolares, con el programa de atención integral para la primera infancia, estamos en este momento terminando un informe sobre ese tránsito traumático, que ha sido el tema del PAI y el del PAIP, el tránsito de las responsabilidades del Ministerio de Educación al ICBF, del ICBF al Ministerio de Educación, que también han significado una afectación de los derechos fundamentales de los menores de edad y de los adultos mayores.